TRES MESES DEL ASESINATO DE
DIGNA OCHOA: UN PASO ADELANTE DESPUES DE VARIOS RETROCESOS

18 de enero de 2002

A tres meses del asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa, cometido el pasado 19 de octubre, hasta la fecha no se ha identificado oficialmente sospechoso alguno, ni tampoco se ha realizado ningún arresto en relación a este caso. Sin embargo, a pesar de que las investigaciones se iniciaron por mal camino, Human Rights First estima que finalmente una investigación seria puede ser llevada a cabo.

Con fecha 10 de diciembre, aproximadamente siete semanas después del asesinato de Digna Ochoa, el Procurador General del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, se vio en la necesidad de renovar al equipo de investigación. Previamente ocurrieron sucesos tales como la filtración de información crucial a la prensa y el incumplimiento, por parte de los investigadores, de proveer la información referente al progreso de las investigaciones al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (en adelante PRODH), tal y como fue solicitado con el respaldo de las leyes mexicanas. Debido a estas y otras irregularidades más, la familia Ochoa y diversas ONG, tanto mexicanas como internacionales, entre ellas Human Rights First , decidieron solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) con el fin de presionar al Gobierno Mexicano para que el PRODH pudiera tener mayor acceso a las investigaciones realizadas. El 16 de noviembre pasado, durante la audiencia ante la CIDH, el Gobierno Mexicano dio una respuesta positiva.

Si bien el cambio efectuado en el equipo de investigación significó una demora más en las investigaciones, puesto que el nuevo equipo requería tiempo para la revisión del caso, el nuevo director de las investigaciones, Lic. Renato Sales Heredia, el Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, empezó a dirigir una nueva fase de la investigación por un mejor camino. Con el nuevo equipo, se aseguró que el PRODH, que había sido designado como coadyuvante en las investigaciones de acuerdo a las normas mexicanas, tenga mayor acceso a las investigaciones y la oportunidad de hacer propuestas al equipo de investigación. Además, recientes noticias publicadas en la prensa nos indican que la investigación parece estar llevándose a cabo de manera más enfocada, en comparación a las investigaciones anteriores.

Consideramos que el retraso en el inicio de una investigación seria es trágico y muy costoso. Junto con sus colegas y otros defensores mexicanos de los derechos humanos, Digna había sido blanco de amenazas y ataques desde 1996. En este sentido, consideramos la posibilidad de que si los investigadores mexicanos hubieran realizado verdaderamente las investigaciones correctas respecto a esos sucesos, tal vez Digna se encontraría aún con vida. Digna Ochoa solicitó repetidas veces a las autoridades mexicanas que se encontrara y castigara a sus agresores.

La responsabilidad de aquel incumplimiento deberá ser compartida ampliamente—tanto al nivel federal como distrital. Los esfuerzos investigatorios llevados a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tras el incidente de octubre del año 1999 en el que Digna estuvo cautiva en su residencia durante toda una noche y en la que pudo haber muerto, no fueron suficientes, lo que provocó que ella acudiera a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, este último dio por concluido el caso sin identificar a ningún sospechoso ni presentar cargos contra nadie. En un informe publicado por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República se demostró que los investigadores federales incumplieron con la realización de una investigación detallada y que, por el contrario, ésta fue concluída de manera precipitada. Human Rights First espera que tanto la Procuraduría General de la Republica como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tomen acciones rápidas y efectivas que aseguren que los responsables serán debidamente sancionados para prevenir que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

Aunque existan razones suficientes que demuestran que la investigación se encuentra finalmente en manos confiables, la verdad es que mucho mas se tendrá que realizar para que la familia de Digna y sus colegas activistas se encuentren realmente fuera del peligro que afrontan y con el que conviven en el presente. No puede negarse que existe un nexo muy cercano entre los defectos que caracterizan a la justicia penal mexicana y los ataques en contra de los defensores de derechos humanos.

Human Rights First aplaude a la administración del Presidente Fox en su compromiso de cooperación con las investigaciones sobre el asesinato de Digna y por haberse puesto a la disposición de la familia y colegas de Digna que han sido víctimas de múltiples amenazas. Sin embargo, consideramos necesario que se retomen aquellas promesas olvidadas realizadas durante la campaña electoral del presidente Fox, referidas a la reforma del sistema de justicia penal mexicano, el mismo sistema que no fue lo suficientemente eficaz para prevenir la muerte de Digna Ochoa. El hecho de no hacer realidad la referida reforma representaría un indicador de que la violencia contra los defensores de derechos humanos, reflejada en el asesinato de Digna Ochoa, se puede seguir dando con impunidad.