23 de noviembre, 1999
Contact HRF Communications (212) 845 5245 media@humanrightsfirst.orgSe requiere a autoridades mexicanas garantizar
la seguridad de abogados defensores de los derechos humanosLa Corte Interamericana emite medidas precautorias
después de recientes ataques contra Digna OchoaNueva York– La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, basada en San José, Costa Rica, anunció ayer que ha ordenado al Estado mexicano adoptar medidas para proteger a cuatro abogados defensores de los derechos humanos pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), organización no gubernamental basada en la Ciudad de México. El Human Rights First (Comité de Abogados por los Derechos Humanos), junto con otras organizaciones internacionales y mexicanas, habían solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejercer su facultad para pedir que la Corte dicte una orden de esta naturaleza.
La Corte basó su decisión en la información que recibió sobre la serie de ataques y amenazas conexos que han enfrentado el director del área jurídico del PRODH, Digna Ochoa, y otros miembros de la misma organización durante los últimos tres meses. El incidente más reciente tuvo lugar el 28 y 29 de octubre cuando la Lic. Ochoa fue atacada en su domicilio, vendada y atada a una silla; posteriormente fue interrogada, a lo largo de la noche, por dos individuos desconocidos, sobre las actividades del PRODH. Las instalaciones del PRODH, que recibieron diversas amenazas anónimas y fueron vulneradas en varias ocasiones recientemente, fueron allanadas nuevamente en la misma noche.
La Corte decidió requerir al Gobierno mexicano que "adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias" para proteger la vida e integridad tanto de Digna Ochoa como del director del PRODH, Edgar Cortéz Morales, y los abogados Mario Patrón Sánchez y Jorge Fernández Mendiburu. La Corte también ordenó al Estado investigar las amenazas y ataques contra el PRODH con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos. Asimismo, se ordena al Estado informar periódicamente sobre las medidas que adopte para acatar esta resolución de la Corte.
La decisión de la Corte Interamericana marca la primera vez que México ha sido objeto de un procedimiento ante este tribunal internacional. México aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte en diciembre de 1998. Las decisiones de la Corte tienen naturaleza obligatoria y dicho órgano emite medidas precautorias solamente en "casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas", de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Las autoridades mexicanas han estado prometiendo desde hace un tiempo atrás que las amenazas y los ataques serían plenamente investigados y que el personal del PRODH recibiría protección", señaló el Director del Area de Protección del Human Rights First, Robert O. Varenik. "Sin embargo, no hemos visto avances significativos en la investigación y existe todavía un peligro serio para los integrantes del PRODH. Esperamos que la decisión de la Corte impulsará a las autoridades mexicanas a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos pertenecientes al PRODH".
