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DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE ABOGADOS
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DE DIGNA OCHOA
Digna Ochoa era una destacada abogada mexicana y defensora
de primera línea de los derechos humanos. En su calidad de
abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(PRODH) en la ciudad de México, se encargó de los casos
más delicados a los que México se enfrentaba en su transición
del pasado autoritario a un futuro más democrático.
Trabajando principalmente en Guerrero y Oaxaca, los estados mexicanos
del sur, documentó, denunció y desafió judicialmente
los peores aspectos de la toma del mando por los militares del mantenimiento
del orden rural con objetivos contra insurgentes. Sus casos a menudo
destacaron la confrontación entre intereses económicos
y activistas sociales, así como la habilidad de aquellos que
defendían los intereses económicos para influenciar
el sistema judicial penal con el objeto de atacar a sus oponentes.
En el 2000, Digna Ochoa recibió el Premio a los Derechos Humanos
del Colegio de Abogados Americano (American Bar Association), concedido
por la sección procesal del Colegio.
Para mediados de los noventa, Digna y sus colegas del PRODH se
habían ganado la reputación de ser el centro de oposición
principal al abuso institucionalizado, particularmente en las zonas
de conflicto que estaban emergiendo en el sur indígena de
México. Como resultado, a principios de 1995 fueron objeto
de una creciente campaña de acoso, intimidación y
violencia. En 1999, Digna denunció haber sido secuestrada
dos veces, y tomada como rehén e interrogada por asaltantes
desconocidos en su casa por nueve horas antes de ser atada de manos
y pies en frente de una válvula de gas abierta. En esa ocasión,
consiguió liberarse y escapar. Durante todos esos años,
las amenazas e incidentes que fueron denunciados nunca fueron adecuadamente
investigados.
El 19 de Octubre del 2001, Digna fue encontrada muerta de un tiro
en su oficina de la ciudad de México. Varios miembros actuales
y pasados de la plantilla del PRODH recibieron amenazas de muerte
tras su asesinato recordándoles que no deberían seguir
ignorando las numerosas advertencias y recomendando que abandonaran
su trabajo.
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal de México
está a cargo de la investigación de la muerte de Digna.
La investigación permanece abierta y llena de controversias.
Tras nueve meses de críticas a los esfuerzos del Procurador
General, un fiscal especial fue asignado al caso de forma bastante
repentina en agosto, reemplazando a un veterano subprocurador que
había asumido el caso a finales de Diciembre del 2001. Esta
investigación está también ligada a Digna Ochoa
y otros, un caso pendiente ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
La investigación mexicana sobre la muerte de Digna Ochoa
(y amenazas relacionadas) está ahora en un momento crucial.
Los pasos que se den en los próximos dos meses van probablemente
a determinar si el gobierno es capaz de rescatar algo de credibilidad
en un caso profundamente viciado, o si la combinación de
política, incapacidad institucional e inercia condenan este
caso a una opaca no-resolución. Las investigaciones fracasadas
son demasiado habituales en México, donde las instituciones
de procuraduría y las policiales no pueden afrontar otro
serio golpe a su ya pésima reputación.
En el caso Ochoa hay mucho en juego para las instituciones gubernamentales
por la inevitable sospecha de que ella fue asesinada por alguien
que estaba conectado con los militares o las fuerzas de seguridad
como castigo por acusarlos públicamente de abusos de los
derechos humanos. Durante los numerosos años de amenazas
contra el PRODH y la Licda. Ochoa, y durante los doce meses siguientes
a su muerte, el Comité de Abogados ha expresado su singular
preocupación sobre la necesidad de que cada uno de estos
incidentes sean rigurosamente investigados, y los responsables llevados
ante la justicia para que esta conducta de violencia pueda terminar.
Nosotros creemos que uno de los grandes impedimentos para aclarar
la investigación de la muerte violenta de la Licda. Ochoa
es el previo fracaso de investigar rigurosamente los numerosos antecedentes
en el momento en que ocurrieron. Esto es de particular importancia
teniendo en cuenta que las circunstancias que rodearon los incidentes
indicaban que existía una posibilidad importante de que agentes
del Estado estuvieran implicados.
Tras un año en el que la procuraduría general de
la ciudad de México ha tenido que nombrar tres procuradores
diferentes en el caso, donde noticias sobre la investigación
(incluyendo la cada vez más clara conclusión por parte
de los investigadores de que la muerte fue un suicidio) han sido
repetidamente filtradas a la prensa, donde agentes federales han
recibido críticas por su colaboración mediocre con
la investigación, y en la que ha habido alegaciones en varios
momentos de que los militares o el PRODH o el novio de Digna Ochoa
estaban unidos al crimen, el gobierno se enfrenta a cuatro desafíos.
Por desgracia, no parece claro que vaya a tener la capacidad de
tomar e implementar las decisiones adecuadas. El Comité de
Abogados ruega a las autoridades mexicanas que:
- Obtengan una verificación de la investigación
por expertos imparciales e independientes. Desde principios
de este año, la oficina local de la Procuraduría
General ha mantenido conversaciones fructíferas con diferentes
actores sobre la posibilidad de comisionar una verificación
de la investigación a expertos, con el objetivo de recibir
asistencia técnica y como medio para apagar dudas persistentes
sobre la intención de las autoridades de dirigir la pista
investigativa a un resultado apropiado. Recientemente, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos acordó seleccionar un
grupo de expertos en investigación forense, balística
y criminal para trabajar bajo la coordinación de Pedro
Díaz, un experto colombiano anteriormente asignado por
la Comisión para revisar el caso. La Comisión ha
empezado a solicitar fondos para financiar estos esfuerzos.
Aunque las autoridades federales mexicanas han dado su acuerdo para
este proceso, han adoptado la posición de que la Comisión
no debería de recibir dinero gubernamental para esta investigación,
una postura que ha conllevado el inevitable retraso de la implementación
del acuerdo. Las autoridades mexicanas dicen que quieren evitar cualquier
apariencia de que la verificación esta influenciada. Aunque
esta preocupación podría ser legítima en teoría,
es bastante sorprendente teniendo en cuenta que tanto la Comisión
como la Organización de Estados Americanos al que pertenece
la Comisión están financiadas por los Estados miembro.
Esta hipótesis es también remota porque la Comisión
ha demostrado ampliamente su independencia de los Estados miembro.
El Comité de Abogados está de acuerdo con el Gobierno
de México en que fondos independientes serían preferibles
a dinero de México u otros Estados miembro, pero creemos que
la Comisión debería de tener la discreción de
aceptar cualesquiera fondos considere apropiados, sobre todo si la
alternativa probable es tener un retraso considerable.
Las autoridades federales mexicanas han acordado con la Comisión
unos términos de referencia que definen algunos elementos
de la relación entre los expertos propuestos y el Gobierno
de México. Comprensiblemente, estos términos de referencia
no abordan otros temas relevantes sobre la fuerza de las conclusiones
de los expertos en relación a la investigación local.
La oficina de la Procuraduría General dio su acuerdo de principio
a términos de referencia más específicos respecto
a este esfuerzo, y esto debería de formalizarse para asegurar
que el trabajo de los expertos conllevará el peso apropiado
y recibirá plena consideración.
- Aseguren que la nueva fiscal especial tenga los medios
necesarios para completar la investigación. La
nueva procuradora especial necesitará plena cooperación
por parte de su contra parte federal, los militares y los oficiales
locales en otros estados para proseguir todas las líneas
investigativas que se consideren apropiadas. Aunque es difícil
evaluar (debido al secreto legal que gobierna esta etapa de la
investigación) las alegaciones de que dicha cooperación
no siempre ha estado disponible, muchas dudas al respecto podrían
ser disipadas con un proceso transparente donde las autoridades
relevantes acuerden términos específicos de cooperación
para dar pasos específicos en la investigación.
- Investiguen adecuadamente y enjuicien los antecedentes
a la muerte y las más recientes amenazas. Estos
eventos forman unos antecedentes cruciales para el caso. En concreto,
la más seria de las alegaciones, que el secuestro e intento
de asesinato de la Licda. Ochoa fue en dos ocasiones prematuramente
archivado por investigadores federales, tiene que ser totalmente
investigada. El aclarar estos incidentes puede que aporte información
importante para la investigación actual, y el sancionar
a los responsables por el fracaso en investigar en aquel momento,
es un paso necesario para aumentar la confianza pública.
- Eviten ataques innecesarios o especulaciones sobre
la Licda. Ochoa en los medios de comunicación.
No se ha servido ninguna causa justa con filtraciones a la prensa
sobre la vida privada de la Licda. Ochoa. Además de una
violación probable de las normas que gobiernan las investigaciones
mexicanas estas han causado un retraso innecesario en la investigación
y malestar entre la familia y amigos.
El Comité de Abogados comparte la preocupación de la
familia de Digna Ochoa, de sus amigos y colegas de que su muerte sea
debidamente investigada, y de que la dignidad y justicia para todos
los ciudadanos mexicanos por los que ella luchó le sean otorgados
a ella también. En el primer aniversario del asesinato de Digna
Ochoa, el Comité de Abogados está seriamente preocupado
por el lento progreso en la investigación y exige a las autoridades
mexicanas que tengan en cuenta las recomendaciones aquí enumeradas
para asegurar su rápida resolución.
Para más información sobre el caso de Digna Ochoa,
por favor contacten con Robert Varenik, representante del Comité
de Abogados en México varenikr@humanrightsfirst.org
(tel. 5255-5553-0902 o celular 5255-5068-7678 desde los EEUU, o
0445550687678 desde México) o Maddi Azpiroz de la oficina
de Nueva York, azpirozm@humanrightsfirst.org
(tel. 212-845-5241).
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