Report
Published on April 21, 2022
Hoy, los Estados Unidos opera el sistema de detención más grande del mundo—un sistema que la administración de Biden utiliza para encarcelar a personas que buscan protección y refugio. Aunque esta administración actualmente no está deteniendo a familias y ha requerido la reducción de fondos para la detención, su política ha llevado a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenga en la mira a adultos en busca de asilo como prioridad para ser detenidos. DHS ha perpetuado un sistema de detención migratoria severo—convirtiendo antiguos centros de detención para familias en cárceles para adultos y ha expandido otros centros existentes. Mientras que la administración trabaja en restaurar su cumplimiento con la ley de refugio de Estados Unidos en la frontera sur del país y termina con la política de Trump que de manera ilegal impidió que personas solicitaran asilo, no debería de sustituir una política que viola los derechos por otras políticas similares. Por lo contrario, debe poner el ejemplo como líder global al poner fin a la detención de solicitantes de asilo y debe brindar una bienvenida realmente humanitaria a las personas que buscan refugio y protección en la frontera.
El encarcelar a solicitantes de asilo es inhumano, innecesario, y malgasta recursos. Además, la detención de grandes números de solicitantes de asilo viola las obligaciones legales de Estados Unidos bajo la Convención de Refugio y sus Protocolos. En sus reglas sobre el uso de detención, ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que “los solicitantes de asilo no deben ser detenidos” y que “el uso de detención es, en muchas instancias, lo contrario a las normas y principios de la ley internacional”. Durante su candidatura, el Presidente Biden se comprometió a eliminar la detención prolongada, a terminar con los centros de detención con fines de lucro, y a respetar el derecho a solicitar asilo.
Aun así, a la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración de Biden ha encarcelado a miles de solicitantes de asilo, encarcelando a muchos en centros de detención nuevos o en áreas remotas donde de manera frecuente se enfrentan a barreras innumerables sin que puedan presentar su caso de asilo de manera justa. Dentro de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran sobrevivientes de tortura, disidentes políticos, organizadores estudiantiles, activistas de derechos humanos, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y queer (LGBTQ) y sobrevivientes de violencia de género. Un joven venezolano huyendo de amenazas de muerte por haber participado en protestas políticas, mantenido bajo condiciones terribles en una cárcel de ICE durante 5 meses al momento en que conoció a Human Rights First en diciembre de 2021 nos dijo: “Yo aquí soy un prisionero. Prefiero morir en mi país que permanecer encarcelado aquí”.
Desde enero de 2021, la mayoría de los solicitantes de asilo encarcelados por la administración de Biden han sido personas en busca de refugio y protección después de haber cruzado la frontera sur de Estados Unidos – atrapados entre el uso del Título 42 por parte de la administración para expulsar a la gran mayoría de solicitantes de asilo y entre el uso de la politíca de prioridades, una política que designa a las personas como prioridades para la aplicación de ley y la deportación, en contra de aquellos que no son expulsados. La administración ha manejado la política del Título 42 bajo el pretexto del riesgo de salud del COVID-19, para impedir que las personas pidan asilo en los puertos de entrada de Estados Unidos y así expulsarles sin tener acceso al sistema de asilo del país si cruzan la frontera. Los solicitantes de asilo que no son expulsados bajo el Título 42 se enfrentan a otro impedimento ya que el DHS los trata como prioridades para la aplicación de ley y la deportación bajo el memorando de DHS que no brinda ninguna excepción para aquellos que buscan asilo en los Estados Unidos. El uso de detención en contra de los solicitantes de asilo por parte del DHS ha resultado en meses de detención a solicitantes de asilo, ha separado a familias que buscan refugio juntas en la frontera, ha puesto a niños en centros de detención para adultos de manera ilegal, y ha puesto en peligro a muchos solicitantes de asilo LGBTQ, a su vez, ha puesto a personas con condiciones médicas graves en alto riesgo durante la actual pandemia del COVID-19.
Human Rights First y otras organizaciones no gubernamentales de manera repetida han demandado con urgencia a la administración que abandone estas “prioridades de aplicación de ley” inhumanas las cuales castigan a las personas por el hecho de haber pedido asilo. Mientras que la administración anunció que terminará con la política ilegal del Título 42 el 23 de mayo de 2022, el uso continuo por parte del DHS de esta política de prioridades de aplicación de ley fallida para encarcelar a los solicitantes de asilo que por fin podrán acezar el proceso de asilo de los Estados Unidos amenaza con expandir la detención de personas en busca de refugio y protección.
La ley de Estados Unidos le brinda autoridad legal al DHS para poner en libertad condicional a solicitantes de asilo para que den seguimiento a sus casos estando con sus comunidades en Estados Unidos en lugar de permanecer en centros de detención. Pero ya que la política de la administración de Biden de manera efectiva cataloga a los solicitantes de asilo como prioridades para la aplicación de ley y la deportación, ICE de manera frecuente niega o prolonga la decisión de ponerles en libertad. Solicitantes de asilo de países con población negra significativa han sido sujetos a discriminación al serles negados la libertad condicional, expuestos al maltrato por parte de oficiales de ICE, se les niega la libertad bajo fianza y cuando esta es otorgada las cantidades a pagar fijadas por jueces de inmigración son exageradamente altas.
La administración de Biden debe alterar su curso, debe dejar de encarcelar a los solicitantes de asilo y debe dejar de tratarlos como prioridades para la aplicación de ley y la deportación, debe de utilizar su autoridad legal para ponerles en libertad, y debe desmantelar el sistema fallido de detención de inmigración del país el cual viola la ley de derechos humanos. Al hacer esto, la administración debe cambiar su curso para demostrar apoyo a los programas bajo organizaciones comunitarias y no utilizar las dichas alternativas a la detención las cuales se basan en monitoreo electrónico y de manera efectiva ponen a los solicitantes de asilo en un arresto domiciliario. Las recomendaciones de Human Rights First se encuentran al final del reporte original en Inglés.
Este reporte está basado en información de aproximadamente 270 solicitantes de asilo e inmigrantes que se encuentran detenidos, incluyendo 76 entrevistas, información recibida por decenas de abogados y programas de visitas a centros de detención, datos del DHS, archivos del gobierno obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), y visitas a 3 centros de detención de ICE donde los investigadores hablaron con individuos detenidos y con oficiales de detención. Se nos negaron 5 solicitudes de visita a centros de detención de ICE. Human Rights First entrevistó o recibió información de solicitantes de asilo, abogados, y otros monitores relacionados con solicitantes de asilo e inmigrantes detenidos en 49 centros de detención en Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Virginia, y Washington. El reporte también se basa en décadas de experiencia de Human Rights First representando a solicitantes de asilo de manera gratuita, incluyendo a solicitantes detenidos en centros de detención de inmigración y en investigaciones y reportes previos sobre la detención en Estados Unidos y la libertad condicional de solicitantes de asilo, incluyendo los reportes publicados en agosto de 2015, julio de 2016, febrero de 2018, junio de 2018, y enero de 2019. Una descripción completa sobre la metodología de investigación de Human Rights First se incluye al final de nuestro reporte en inglés.
