Fallas Fatales

El programa “Permanece en México” no debería ser reanudado

El 8 de agosto de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) proclamó el fin del programa “Permanece en México” (Remain in Mexico, RMX) de la era Trump. El anuncio se produjo después de que un tribunal federal de distrito, tras una sentencia del Tribunal Supremo en junio de 2022, levantara un mandato judicial que había bloqueado la terminación de la política por parte del gobierno de Biden y había obligado a su reimplementación.

Mientras la orden del tribunal de distrito seguía en vigor, otros miles de solicitantes de asilo fueron devueltos por el DHS a regiones peligrosas de México. Allí se vieron obligados a esperar las audiencias de los tribunales de inmigración a pesar de estar casi totalmente aislados de los abogados que podrían representarlos en sus solicitudes de asilo para refugiados. En diciembre de 2021, el DHS declaró que al reanudar el programa RMX había tomado medidas para “mejorar [] las protecciones” y “proteger [] los derechos de las personas a una audiencia completa y justa”.

Pero la política RMX—y otras similares que obligarían a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos para que sus casos fueran escuchados—simplemente no puede aplicarse de forma legal, segura, justa o humana. Durante la reimplementación del programa RMX (conocido en inglés como RMX 2.0) por mandato judicial, los solicitantes de asilo denunciaron terribles secuestros, violaciones y otros ataques violentos después de que el DHS los devolviera a México. Las audiencias del programa RMX también siguieron siendo una farsa del debido proceso. Solo un pequeño porcentaje de las personas cuyos casos se decidieron en el marco de la política RMX 2.0 consiguieron encontrar representación legal. A un número insignificante de los solicitantes sometidos a esta política, principalmente cubanos, nicaragüenses y venezolanos, se les concedió el asilo: solo 63 personas de los más de 1.600 casos completados.

El gobierno de Biden cumplió acertadamente su promesa electoral de poner fin a esta política fatalmente defectuosa y cesó correctamente el programa tras el desafío legal inicial. El Congreso creó el sistema de asilo dentro de las fronteras de EE.UU. específicamente para juzgar los casos de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera o después de cruzarla. El programa RMX viola la ley estadounidense y las obligaciones de los tratados internacionales, niega la protección de los refugiados a las personas que huyen de la persecución y la tortura, y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos de las personas devueltas a México. En agosto de 2022, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Estados Unidos que “redoblara los esfuerzos para poner fin rápidamente” al programa RMX, señalando su “impacto dispar . . . en los migrantes de descendencia africana y de origen hispano/latino”. Como concluyó el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, la política RMX “tiene fallas endémicas, impone costs humanos injustificables” y tiene “problemas inherentes . . . que ninguna cantidad de recursos puede solucionar adecuadamente”. La política RMX no debería ser reanudada por ningún gobierno futuro, adoptada en ley por el Congreso ni impuesta de nuevo por los tribunales.

El DHS ha dejado de transferir a nuevas personas al programa RMX y ha comenzado a trasladar lentamente a algunas personas a Estados Unidos para que puedan procesar sus casos en condiciones seguras. Sin embargo, aún no ha anunciado ningún plan para ayudar a las personas restantes que se quedaron atrás durante la reducción inicial del programa RMX, ni ha abordado cómo garantizará el debido proceso para los solicitantes de asilo expulsados por el RMX 2.0 que tampoco recibieron audiencias completas y justas.

Este lento proceso de desmantelamiento se produce cuando los políticos estatales alineados con la anterior administración de Trump están, una vez más, tratando de forzar la reanudación del programa RMX. Después de que el Tribunal Supremo rechazara su caso inicial, modificaron su demanda para impugnar los memorandos que el DHS emitió para volver a poner fin a la política. A principios de septiembre de 2022, el mismo tribunal de distrito que ordenó al gobierno de Biden que reiniciara el RMX evaluará esta última táctica cínica para forzar la continuación de la política, un intento de volver a bloquear el acceso de los solicitantes de asilo a la seguridad y someterlos a los horribles abusos de los derechos humanos detallados en este informe.

Al mismo tiempo, la política del Título 42, igualmente perjudicial, sigue en vigor. Un mandato judicial que bloquea su finalización ha dado lugar al cese continuado de la tramitación normal del asilo en los puertos de entrada y a la continuación de las expulsiones a lugares altamente peligrosos, que en este momento se centran de forma abrumadora en los solicitantes de asilo y en los migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Trabajando en estrecha colaboración con muchas otras organizaciones, Human Rights First ha monitoreado e informado sobre la política de Permanece en México desde su inicio en enero de 2019, realizando una investigación en profundidad y publicando una serie de informes en febrero de 2019, agosto de 2019, octubre de 2019, diciembre de 2019, enero de 2020, mayo de 2020, diciembre de 2020, diciembre de 2021 y enero de 2022. Este informe se basa en entrevistas en persona que Human Rights First realizó a abogados y personas inscritas en el programa RMX en Tijuana en abril y septiembre de 2022; entrevistas a distancia realizadas entre abril y septiembre de 2022 a abogados y solicitantes de asilo devueltos a México en virtud del RMX 2.0; una revisión de notas anónimas de casi 2.700 entrevistas realizadas por bufetes de abogados pro bono y organizaciones no gubernamentales que proporcionan información legal a las personas colocadas en el RMX 2.0 (que representan aproximadamente una cuarta parte de todas las personas inscritas en el programa RMX durante el gobierno de Biden); datos del gobierno, cobertura de los medios de comunicación y otros informes de derechos humanos.