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Published on December 5, 2019
En enero de 2109, el Gobierno del presidente Trump comenzó a retornar por la fuerza a solicitantes de asilo hacia México conforme a una nueva política llamada, irónicamente, el “Protocolo de Protección de Migrantes” (Migrant Protection Protocols, MPP). Mientras esperan por meses en México a que se celebren sus audiencias judiciales, muchos hombres, mujeres y niños que solicitan asilo (provenientes de, entre otros países, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela) viven situaciones que ponen en peligro su vida. A pesar de las pruebas contundentes de que esta política ilegal es una catástrofe para los derechos humanos, los funcionarios del Gobierno del presidente Trump y del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) continúan apoyando su implementación, defensa y expansión.
El pasado mes de octubre, el DHS incrementó los retornos desde Arizona con base en MPP y comenzó a realizar retornos forzados a través de Eagle Pass, Texas, hacia Piedras Negras, México. En ese lugar, así como en otras ciudades fronterizas peligrosas, incluidas Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, los solicitantes de asilo y los migrantes retornados conforme al MPP se enfrentan a múltiples peligros. Sufren de palizas, secuestros y violaciones en los albergues, en el camino hacia y desde las audiencias judiciales migratorias en Estados Unidos, y en las calles mientras deambulan buscando trabajo, techo y alimento.
Los funcionarios del Gobierno del presidente Trump y del DHS se hacen de la vista gorda ante estos abusos a los derechos humanos, mientras buscan difundir la idea de que el MPP son una alternativa a la separación familiar, una manera de reducir la “sobrepoblación” en los centros de detención y una de las “iniciativas más exitosas” del DHS, que ha “alcanzado efectividad operativa” al reducir el número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur. Estas afirmaciones de “éxito” por parte de los funcionarios del DHS ignoran los daños graves infligidos a los solicitantes de asilo y los migrantes retornados a México conforme al MPP. Mark Morgan, en su carácter de Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP), incluso ha desestimado los cientos de reportes públicos de casos de tortura, violación, secuestro y asalto en contra de personas sujetas al programa del MPP como “meras anécdotas”.
El MPP no solo es inmoral, sino también ilegal. Tanto la legislación estadounidense como los tratados internacionales de los que Estados Unidos es parte prohíben que el Gobierno devuelva a los solicitantes de asilo a un lugar donde viven una situación de persecución o tortura. Al mismo tiempo, la política viola la legislación en materia de asilo y las protecciones al debido proceso adoptadas por el Congreso para los refugiados que solicitan protección en la frontera.
El Gobierno está usando el MPP en tándem junto con otras políticas ilegales, incluidas los retornos y la prohibición de asilo en tránsito de terceros países, para violar lo dispuesto en la legislación de EE. UU. El resultado es, en efecto, una cuasi prohibición al asilo. El DHS ha forzado a más de 60,000 solicitantes de asilo y otros migrantes a esperar en México conforme al MPP. Además, unos 21,000 están varados en México debido a la práctica de cupos denominada “metering”: una política ilegal que devuelve a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada. En noviembre, el Gobierno comenzó también a tomar medidas para la implementación de los acuerdos de transferencia de solicitantes de asilo celebrados con Guatemala, Honduras y El Salvador.
Este informe se basa en entrevistas a solicitantes de asilo atrapados en México, abogados, monitores judiciales, investigadores académicos y funcionarios del Gobierno mexicano; investigación de campo en octubre y noviembre en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana; observación de las audiencias judiciales migratorias del MPP en noviembre y diciembre; e informes de organizaciones de derechos humanos, monitores legales y medios de comunicación. Human Rights First fungió como observador remoto de procesos conducidos en tribunales montados en carpas conforme al MPP en Laredo desde el tribunal de inmigración en San Antonio debido a que el CBP rechazó las solicitudes de acceso presentadas por Human Rights First, al igual que negó el acceso al tribunal montado en una carpa en Brownsville en septiembre. Este informe es una actualización de los informes presentados en marzo de 2019, agosto de 2019 y octubre de 2019.
