Report
Published on November 18, 2019
Esta política envía a niños, a sus familias y a otros solicitantes de asilo a zonas tan azotadas por la violencia que el Departamento de Estado de EE.UU. ha designado al estado de Tamaulipas con un riesgo de amenaza de Nivel 4: la misma advertencia que pesa sobre Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Corea del Norte y Yemen. Sin embargo, el gobierno promueve cínicamente esta política peligrosa e ilegal como una alternativa “efectiva” a la separación familiar y la detención familiar que aporta “integridad” al sistema migratorio, argumentando que mantiene “a las familias unidas y no bajo custodia”. Pero la realidad es que el gobierno de Trump se ha negado a implementar estrategias humanas, eficaces y fiscalmente prudentes para gestionar la llegada de refugiados de maneras que cumplan con los compromisos con la ley y los tratados de EE.UU.
El programa MPP opera en conjunto con otras políticas de administración ilegales (incluidas las devoluciones, la prohibición de asilo en tránsito de terceros países, que entró en vigencia en septiembre y, una vez implementados, los acuerdos de transferencia de solicitantes de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras) para prohibir, bloquear y desalentar a los refugiados de buscar protección en EE.UU. La política de devoluciones forzadas viola las prohibiciones legales en las leyes estadounidenses y las obligaciones internacionales sobre el retorno de personas que solicitan protección a EE.UU. de la persecución y la tortura, e infringe descaradamente las leyes de asilo y las protecciones del debido proceso que el Congreso aprobó para los refugiados que solicitan protección en la frontera.
Desde la implementación del MPP en enero, el DHS ha obligado a casi 50.000 solicitantes de asilo y migrantes a esperar en México a pesar del peligro. Además, unos 26.000 están varados en México debido al “metering”, la política ilegal de cupos que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo por día y las devuelve desde los puertos de ingreso.
Este informe se basa en entrevistas a solicitantes de asilo atrapados en México, abogados, voluntarios humanitarios y funcionarios del gobierno mexicano; en investigaciones de campo constantes en lugares como Matamoros, México; en la observación de audiencias de la corte de inmigración del MPP; y en informes de organizaciones de derechos humanos, monitores legales y medios de comunicación. Human Rights First observó los procedimientos de la corte inmigratoria en el juzgado en carpas de Brownsville, Texas, de forma remota desde el tribunal de inmigración de Harlingen, Texas, debido a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) denegó la solicitud de acceso de Human Rights First a la instalación. Este informe es una actualización de nuestras investigaciones anteriores de marzo de 2019 y agosto de 2019.
